Publicado por: El
Tiempo
Por: John Montaño
Imágenes: El Universal de Cartagena
Un juez municipal falló una
tutela a favor de los comerciantes que ocupan los predios.
Un fallo de medida cautelar
de última hora frenó el accionar de la Policía que debía desalojar en la mañana
de este martes a los comerciantes que ocupan el espacio público en Playa Blanca,
isla de Barú, en Cartagena.
Con los argumentos de
derecho a vivienda, salud y vivienda, el juez séptimo Penal Municipal falló una
tutela a favor de los comerciantes que ocupan los predios.
“La resolución ordena que
al momento de llevar a cabo la restitución se excluya a los trabajadores de la
asociación, Asotuplaya. Debemos aclarar que esto es una medida temporal y como
respuesta a las leyes, pero el proceso de restitución de estas playas públicas
continúa”, aseguró el alcalde de la localidad Mauricio Betancourt.
Son 2.5 kilómetros de
espacio público que son ocupados ilegalmente por un grupo no superior a 76
personas que montaron restaurantes y hostales. Desde ayer lunes, con
palos, llantas y piedras, comerciantes de la zona bloquean las principales vías
de acceso a Playa Blanca.
A poner orden en la Playa
Actualmente la
biodiversidad aquí, una de las más bellas playas cartageneras, está amenazada
por las basuras que arrojan los restaurantes, además de la ausencia de
organización para la atención de turistas, y la inseguridad que sólo en
diciembre pasado dejó sin pertenencias a 10 extranjeros y varios nacionales,
según la Policía.
“En esta zona de playa se
viene vulnerando el medio ambiente debido a tala de mangles y el manejo
indebido de residuos sólidos. Aquí hay un grupo de personas que están sacando
provecho con la explotación comercial y no son nativos, hasta extranjeros
invaden las playas”, asegura Mauricio Betancourt, alcalde de la localidad.
La Dirección Nacional Marítima
(Dimar) entregó en el año 2008 la concesión de 800 metros de esta playa a la
Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca, Barú (Corplaya), que tiene como
misión desarrollar un plan de manejo y de sostenibilidad responsable en la zona
para los nativos de Barú, Ararca y Santa Ana que dependen económicamente del
turismo en la zona.
“Hoy tenemos 26 familias de
nativos que ocupan predios ilegalmente pero una vez se restituya el espacio,
ellos se capacitarán y construirán quioscos nuevos para que estás familias
trabajen conforme a un plan establecido”, explica Clara de Diago, directora de
Corplaya.
“Atrás de este desalojo
están los intereses del proyecto 'Playa Blanca Barú' con el que buscan
privatizar el sector para construir hoteles y condominios”,refuta la ciudadana
española, María del Carmen García, representante de los comerciantes que serán
desalojados, quien pide que deben ser tenidos en cuenta como socios de futuros
proyectos en la zona.
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